Desde Caracas calificaron las acciones como «robo» y «despojo».
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció este martes que el Gobierno de EE.UU. y un sector de la oposición venezolana acordaron en secreto la subasta de la refinadora Citgo, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y sería el Tribunal de Delaware el encargado de ejecutar el remate de manera subterfugia.
«No fue que le dijeron a los gringos que estaban en contra de la entrega de Citgo: les dijeron que lo hicieran en secreto porque los podía perjudicar electoralmente y, por eso, el Tribunal de Delaware ya hizo la subasta de manera secreta y ya hay ofertas secretas, guardadas en unos sobres», acusó el diputado socialista en una intervención ante el pleno del Parlamento.
Según Rodríguez, esta maniobra se ejecutó en interés de «agarrar a Citgo, despedazarla y entregársela al Gobierno de los EE.UU. y entregársela a todos estos empresarios que han hecho ‘lobby'» en Washington.
«Despojo»
La víspera, Caracas emitió un comunicado de rechazo hacia lo que calificó como «despojo» de su compañía, asentada en suelo estadounidense y controlada hace más de un lustro por agentes de la oposición con la venia de la Casa Blanca.
Venezuela rechaza proceso de despojo de su empresa Citgo en EE.UU.
«El Gobierno de Venezuela y Pdvsa fueron excluidos de la venta judicial de Citgo y se les impidió defender sus derechos ante tribunales estadounidenses. Para ello, las autoridades estadounidenses contaron con la complicidad del grupo de delincuencia organizada autodenominado ‘Asamblea Nacional de 2015′», reza parte del texto, en el que figuran los nombres de dirigentes del ala extremista de la oposición como Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges.
En el documento, las autoridades venezolanas advirtieron que no reconocen ni reconocerán «la venta forzosa de Citgo», en tanto se ha ejecutado «en flagrante desprecio a las garantías económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa».
Allí también se indicó que seguirán adoptando «todas las medidas a su disposición para evitar» el despojo de su activo y se recalcó que el Estado venezolano «se reserva el ejercicio de acciones» contra personas o entidades implicadas en lo que equiparan a un fraude.
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Redacción Bogotá 