Organizaciones campesinas exigen garantías de seguridad

Carta abierta al presidente Juan Manuel Santos

“Solicitamos que se adopten medidas integrales y colectivas de seguridad para las organizaciones campesinas y mecanismos de seguimiento a las amenazas, así como dar celeridad al esclarecimiento de estas acciones y al juzgamiento de sus autores”.

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19 de enero de 2017

Señor:
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia

Reciba un cordial saludo de parte de las entidades y organizaciones que conforman la Mesa Nacional de Concertación entre organizaciones campesinas e instituciones para la construcción de una política pública participativa para la solución de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, instalada de forma oficial los días 27 y 28 de noviembre de 2014, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial para la Prosperidad 079 de 2012, donde se señaló la necesidad de conformar una mesa de trabajo para abordar la temática de ocupación al interior de las áreas protegidas, con la participación de representantes campesinos.

En desarrollo de esta mesa participan en nombre de las instituciones del Estado: Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Procuraduría General de la Nación, entre otras. De igual manera por parte de las organizaciones campesinas participan: Acdepanap, Anzorc, Ascamcat, Ascal-G, Asociación de comunidades campesinas del Alto Clarín, JAC San José de Fragua, Astracatol, Asoguasi, Atcal, Corpoamem, Comunidad SFF Los Colorados, Pupsoc y Acsucor.

Así mismo participan en calidad de facilitadores el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y como garantes del proceso se encuentran la Defensoría del Pueblo, Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras y la Comisión Colombiana de Juristas.

En primer lugar, saludamos el inmenso esfuerzo de su gobierno para materializar un nuevo acuerdo de paz con las FARC-EP y celebramos que haya sido refrendado a través del Congreso de la República, y avalada la vía rápida para su implementación por parte de la Corte Constitucional. Esto otorga seguridad al cese al fuego y permite avanzar en la implementación de un acuerdo que contiene las bases fundamentales para cimentar un nuevo país en paz y prosperidad. Los espacios generados en la Mesa Nacional de Concertación están abiertos para realizar ejercicios de pedagogía de los acuerdos de paz y son escenarios adecuados para realizar la implementación de los mismos.

En segundo lugar, manifestamos nuestra preocupación por la grave situación de seguridad que se presenta en algunas regiones del país, que ha costado la vida de varios líderes y lideresas campesinas.

Cabe resaltar que algunos han estado en el proceso de concertación con Parques Nacionales Naturales, como lo son el señor Erley Monroy, asesinado el pasado 20 de noviembre en el municipio de San Vicente del Caguán, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero (Ascal-G), así como el señor José Yimer Cartagena Úsuga, quien fue asesinado el 11 de enero en el municipio de Carepa (Antioquia), vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Así mismo, delegados campesinos a la Mesa Nacional de Concertación han sufrido problemas de seguridad, como es el caso del señor Yimmy Aldana, quien ha sido objeto de amenazas reiteradas por parte de grupos armados desconocidos en el municipio de San José de Fragua, Caquetá.

De igual manera funcionarios de Parques Nacionales Naturales han sido objeto de amenazas en el área del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y el nivel territorial. Por todo ello, a finales del año pasado se suspendieron las actividades de la Mesa Nacional de Concertación en los parques nacionales que hacen parte del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM).

Observamos con preocupación la sistematicidad de los ataques contra líderes y lideresas campesinas en todo el país y demás personas involucradas en la conservación de áreas protegidas, particularmente en regiones donde existe una fuerte organización social. Por lo tanto, es necesario esclarecer este fenómeno y proceder a la investigación, juzgamiento y sanción correspondiente por parte de las autoridades nacionales. Por lo cual llamamos con urgencia al Estado colombiano en todos sus niveles de gobierno para que actúe de forma inmediata y se puedan prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en particular contra líderes campesinos que se encuentran en procesos de negociación con el Estado.

En ese sentido, solicitamos la implementación inmediata del punto 3.4.3. del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, la cual es presidida por usted, señor Presidente, y consideramos una instancia adecuada para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes campesinos y servidores públicos y el esclarecimiento del fenómeno de las agresiones reiteradas en su contra.

Si bien los resultados negativos del plebiscito habían mantenido en suspenso la implementación de los mecanismos pactados por el Gobierno para hacer frente a estos fenómenos, ahora con la firma y refrendación de un nuevo y definitivo acuerdo de paz con las FARC-EP y la habilitación de la vía rápida consideramos que no hay tiempo que perder, e instamos a que en lo inmediato entre a funcionar dicha Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con la debida participación de la Sociedad Civil.

Así mismo solicitamos que se adopten medidas integrales y colectivas de seguridad para las organizaciones campesinas y mecanismos de seguimiento a las amenazas, así como dar celeridad al esclarecimiento de estas acciones y al juzgamiento de sus autores.

Esperamos que esta nueva etapa de la historia del país, con el esfuerzo de todos, signifique la construcción de un nuevo país en paz con justicia social y ambiental.

Cordialmente,

Sammy Andrea Sánchez Garavito
Secretaría técnica
Organizaciones Campesinas en la
Mesa Nacional de Concertación

Jhenifer Mojica Florez
Garante Comisión Colombiana de Juristas

Camilo Ernesto Fagua
Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH
del Centro y Oriente Colombiano

César Jerez Martínez
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

 

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