4.500 prisioneros políticos en espera de la amnistía y el indulto

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Las y los prisioneros políticos de las FARC y los líderes y lideresas sociales que se encuentran detenidos  en las cárceles colombianas, se encuentran a  la espera de los beneficios que se desprenden de  los acuerdos de la Habana.

Entrevista:

En dialogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano rpaSUR, Jhon León de la Corporación Solidaridad Jurídica, afirma que según el censo realizado por  las diferentes organizaciones  que hacen parte de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, “arroja que el personal privado de la libertad, sindicado o condenado por colaborar con las FARC,  haciende al día de hoy a 4.500 personas”. Según Jhon León esta cifra podría incrementarse  teniendo en cuenta a  las personas que hacen parte del Ejército de Liberación Nacional y  el Ejército Popular de Liberación. Igualmente afirma que “esta cifra contendría a los líderes sociales o prisioneros políticos, la oposición amplia que ha venido siendo criminalizada y judicializada”

Con respecto al indulto, beneficio que al inicio del año fue otorgado por el gobierno colombiano a 30 militantes de las FARC, Jhon León señala que la situación de  los indultados es de incertidumbre, porque al no existir el acuerdo final, las rutas estaban adscritas a los procedimientos ordinarios. Adicionalmente afirma que “varios de los indultados han recibido amenazas, en especial el ex prisionero Wilson López, quien  ha recibido amenazas por personas que se identifican con la oficina de envigado y esto ha alertado los protocolos no solamente para este grupo de indultados, sino para los posibles beneficiarios de la amnistía, el indulto y las excarcelaciones”

 “Es un precedente nefasto y lanza un mensaje de desconfianza frente a lo que puede suceder con otros prisioneros, que puedan estar solicitados por el gobierno estadounidense” afirma Jhon León frente a la extradición de un guerrillero por parte del gobierno colombiano.  Según Jhon León  “previo al acuerdo final ya estaba establecido la imposibilidad de extraditar ciudadanos nacionales por delitos cometidos en relación al conflicto armado, mucho más tratándose de miembros reconocidos de manera expresa y formal por los representantes de las FARC”

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