Nuevo paro agrario estremece a Colombia

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Bogotá. Por: Hernán Durango

No es solo la respuesta de terror y represión del Estado colombiano frente a las exigencias de los campesinos, etnias, afros y demás sectores sociales y políticos que se levantan en el nuevo paro que arrancó en Colombia este lunes 30 de mayo, también es evidente el incumplimiento reiterativo de los pactos y compromisos firmados por parte del Gobierno Nacional, así el ministro del interior Juan Fernando Cristo se rasgue las vestiduras y afirme que si han cumplido a las peticiones de las gigantescas protestas del año 2013.

El paro agrario nacional, bautizado como Minga Nacional, es convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y según los reportes del comité organizador miles de hombres y mujeres del campo y las ciudades se han concentrado en sectores de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Putumayo y el Distrito Capital, donde tienen programado la realización de sus manifestaciones organizadas y pacíficas.

La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular es reiterativa en su denuncia nacional e internacional acerca del incumplimiento de las autoridades al acuerdo logrado en 2013. “La cumbre convocó las jornadas de protesta contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, por el incumplimiento de los acuerdos que pusieron fin al gran paro nacional en 2013. Son miles campesinos e indígenas, junto a los afros, sindicatos, organizaciones sociales y políticas que nos movilizamos  a lo largo del país para reclamar total respeto a nuestras luchas”, señala un vocero de la protestas social.

“Hemos dialogado mucho, como dice el Gobierno y hay comprometidos, supuestamente, 251 mil millones de pesos para proyectos productivos en el campo, pero si todo se estuviera cumpliendo no estaríamos en una nueva movilización”, señaló Jimmy Moreno, vocero nacional de la Cumbre Agraria.

Los dirigentes sociales y políticos aseguran  que de no solucionarse aspectos puntuales se van a convertir en serios obstáculos de cara al posacuerdo con las FARC y ELN.

“La Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) intensifica el modelo de agroindustria que favorece a los grandes empresarios o a las multinacionales del agro”, señalan en el comunicado de la cumbre.

Otro punto de controversia tiene que ver con el otorgamiento inconsulto de concesiones para explotación minera en ecosistemas estratégicos. El modelo minero pasa por encima de la territorial, la preservación de las fuentes hídricas o la economía campesina. También rechazan con fuerza la falta de nuevos modelos de economía agraria para hacer rentable el campo y terminar con los cultivos ilícitos y solicitan medidas para resolver la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, inversión social en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

La respuesta represiva oficial la realiza el cuerpo policial ESMAD y hombres del Ejército que han montado retenes y operativos para impedir las movilizaciones causando tragedias como la ocurrida el domingo en la vereda La Delfina, en la vía que comunica a la ciudad al municipio de Buga con Buenaventura, suroccidente del país, donde se reportan miles de indígenas movilizándose a las carreteras. Según la denuncia de los indígenas de la ONIC la agresión de la Policía a los manifestantes ocasionó la muerte al joven indígena Willington Quibarecama Nequirucama, de 26 años, y heridas a otros dos habitantes.

“Al llegar al puesto de socorro por traumas cráneo encefálicos, posiblemente por caída después de ser atropellado, falleció”, denuncia la organización indígena.

Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, ratificó que el indígena se encontraba participando de la Minga Nacional en ese lugar y fue atropellado en medio de la incursión violenta del ESMAD policial. Ratificó que los manifestantes exigen la presencia inmediata de organismos internacionales, Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional, para garantizar el respeto al derecho a la protesta.

Entre tanto, en la capital colombiana, diversos sectores se unirán a las protestas nacionales de la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular”. Los principales reclamos de los capitalinos apuntan a Peñalosa y se extenderán por más de una semana.

Según lo expuesto a la prensa por Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre, frente al Concejo de Bogotá iniciaron este lunes las actividades de agitación una ronda informativa. Indicó que “Las ciudades van a ser escenarios de movilizaciones, discusiones y tensiones, para que las comunidades de todos los territorios nos sumemos a las actividades nacionales. Se definieron ya unas primeras medidas de movilización, pero no serán las únicas; seguramente surjan otras protestas que se vayan confirmando con el correr de los días”.

Las problemáticas más sentidas por los bogotanos que los manifestantes buscan poner de relieve se resumen en la consigna “¡La ETB no se vende, la Van Der Hammen se respeta y el Metro se construye!”. Entre las acciones a realizar en el marco de las protestas de la cumbre destaca que el martes 31 de mayo  habrá una concentración  con un cacerolazo y plantón frente al Concejo de Bogotá, a las 12 del mediodía. Todos y todas debemos llevar un pito, tambor, pandereta o lo que quiera”, explica.

Del mismo modo, para el miércoles 1 de junio en la Universidad Pedagógica Nacional  UPN los estudiantes y demás manifestantes se convocarán a las 9 de la mañana para movilizarse, en sintonía con otras marchas que se realizarán en simultáneo en otras ciudades del país.

El domingo 5 de junio habrá una asamblea popular y vigilia desde las 9 de la mañana en el Parque de La Aurora, en la localidad quinta de Usme al Sur de Bogotá en la que las comunidades exigirán al Gobierno Distrital  el cierre simbólico del Basurero Doña Juana. Finalmente el dia jueves 9 de junio tendrá lugar una “Rodada tortuga” a partir de las 5 de la tarde en el centro de la ciudad para insistir con la revocatoria del Alcalde neoliberal Enrique Peñalosa.

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