Atentado contra Imelda daza y dirigentes de izquierda en Cartagena, pretende impedir que el proceso de paz avance

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Imelda Daza Cotes

Señores:
Humberto de la Calle Lombana
Jefe de la delegación de Paz – Gobierno Nacional
Iván Márquez
Jefe de la delegación de Paz – FARC EP
Señores:
Representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela
Estados Garantes y acompañantes del Proceso de Paz

Respetuoso saludo:

El atentado en la noche del viernes 6 de mayo, en la ciudad de Cartagena, contra Imelda Daza, dirigente de la Unión Patriótica ex un hecho extremadamente grave para el país. Imelda fue candidata a la Gobernación del Departamento del Cesar después de 28 años de exilio político y se encontraba con militantes de la Marcha Patriótica, el Partido Comunista, la JUCO, dirigentes sindicales de SUTIMAC, una buena parte de ellos también amenazados, este atentado demuestra que los enemigos de la paz, siguen trabajando para sabotear el proceso.

Los responsables de las amenazas, atentados, asesinatos a los luchadores de la paz con justicia social, representados en los reclamantes de tierra, defensores de Derechos Humanos, militantes de la Unión Patriótica, el Partido y la Juventud Comunista, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, afros, comunidades religiosas, jóvenes, hombres y mujeres de diversa procedencia, son los que se oponen a la paz; representados en algunos congresistas del Centro Democrático y de los partidos políticos tradicionales. También empresarios que creen que se debe dar “chumbimba”, como el señor Fabio Echeverry Correa, ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, y otros que siguen instigando la guerra.

Para nadie es un secreto que el Ejército, la Policía y fuerzas de seguridad están divididas entre quienes apoyan la paz y quienes quieren continuar con la guerra. Los segundos entregan información a los voceros políticos del paramilitarismo para que actúen en contra de la paz; los protegen, y cada crimen contra la izquierda, tratan de explicarlo como hechos de delincuencia común o aislados, intentando borrar la causa política.

Los terratenientes que ampliaron sus latifundios a expensas de los campesinos despojados y desplazados, no están dispuestos a devolver lo usurpado, argumentando buena fe en sus adquisiciones; cuando muchos de ellos, no solo sabían de su procedencia, sino que financiaron a bandas armadas para que los sacaran a bala y contaron además, con la complicidad de algunos notarios en zonas de despojo.

Lo inexplicable es que este sea el único país del mundo donde el Procurador General de la Nación, Jefe del Ministerio Público, que tiene la obligación de defender los derechos humanos, entre ellos el derecho a la Paz, consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Nacional, encabece la oposición a la negociación política y ocupe tribunas que antes utilizaban paramilitares, como sucedió en San Ángel, junto a reconocidos voceros del latifundismo y la ganadería extensiva.

Es la extrema derecha que se expresa a través de la política de amenazas de bandas armadas y atentados, empeñados en boicotear el proceso de paz, no importa a qué precio. Si les toca matar, lo hacen como lo intentaron la noche de ayer en Cartagena contra un grupo de militantes de la izquierda. Así fue en épocas del auge paramilitar y el genocidio contra la Unión Patriótica.

Preocupa también el silencio y el negacionismo institucional frente al fenómeno paramilitar, al igual que la entrega de la protección de los opositores de izquierda a empresas privadas, algunas de ellas dirigidas por ex funcionarios del Das y ex militares que en nada ayudaron a proteger a los ciudadanos cuando ocupaban cargos oficiales, todo lo contrario. En estas circunstancias difícilmente los nuevos movimientos políticos que surjan de un futuro acuerdo, tendrán las garantías suficientes para actuar en la vida política nacional.

Seguiremos trabajando por la paz con justicia social y hacemos un llamado a la reflexión de quienes todavía se aferran a la guerra. Convocamos a todos los partidos y sectores a construir un gran acuerdo por la paz y a los ciudadanos a que rechacemos el crimen como arma política.

A la Mesa de la Habana, a los países garantes y a la comunidad internacional, les solicitamos garantías de no repetición y no pasar por alto esta situación que afecta en gran parte a los millones de víctimas del terrorismo de estado, y coloca en riesgo la firma y el cumplimiento mismo de un acuerdo de paz, verdaderamente estable y duradero.

Atentamente,

UNIÓN PATRIÓTICA
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Aída Avella Esquivel,   Presidenta Nacional UP
Jaime Caycedo Turriago, Secretario General PCC


Contactos: 3114778351
Hernan Durango Patrillau/ Redacción Bogotá

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