Liberada, ¡al fin!, Mildred Gisela Mora Pino, de Caloto, víctima de falsos testigos

Mildred Gisela Mora Pino
Mildred Gisela Mora Pino y su pequeña hija.

Popayán. La alegría regresó al hogar de Mildred Gisela Mora Pino, luego de durar tres años y medio detenida en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, sindicada de rebelión y concierto para delinquir agravado, por falsos testigos y como consecuencia de la campaña de la fuerza pública adelantada en el norte del Cauca cuando en junio del 2012 se realizó la ‘Operación Juno’, que terminó con capturas masivas de dirigentes cívicos de esta región.

Durante la audiencia ante el juez de garantías, la Fiscalía acusó a la enfermera de pertenecer a las Farc, dijo que ella “es conocida con el alias de La Mona, es compañera sentimental de un guerrillero y ha realizado curaciones a los subversivos”. “Es absurdo que un reinsertado diga que una señora gorda, de cabello crespo estuvo en el campamento de un reinsertado y solo por eso le eleven cargos”, se quejó el Defensor del Cauca. “Esta defensa la hacemos respetando los poderes, pero con preocupación porque miembros de una comunidad que actúa con desesperación por el ataque de los armados hoy estén privados de la libertad. ¿Cuál es la protección que merecen como desplazados?”, dijo en su momento el Defensor del Cauca.

Mildred Gisela Mora Pino, quien en la época de su detención enfermera jefe de la ESE Norte 2, se re-encontró en su hogar, en Caloto, con sus padres y el resto de la familia en la noche de este viernes 18 de diciembre, donde fue recibida por su esposo Eduardo Cifuentes Ortiz y su pequeña hija de nueve años.

El proceso de su defensa estuvo a cargo del abogado Diego Gerardo Hurtado Navia.

Marchas realizadas

Ante la evidente acusación infundada y posterior captura de Mildred Gisela Mora Pino, el día martes 19 de Junio de aquel año (2012) en el municipio de Caloto se realizó una marcha pacífica con el objetivo de “rechazar, condenar y denunciar las arbitrariedades que está cometiendo la Fuerza Pública y el Gobierno” en contra de la enfermera jefe Mildred Gisela Mora Pino, según reza un comunicado que además consideró que: “De igual manera hacemos un llamado a las instituciones, organismos del Estado y ONG defensoras de los Derechos Humanos para que se pronuncien y hagan seguimiento a los procedimientos al debido proceso y velen por la garantía y la defensa de nuestros derechos”. Tres años y medio tuvo que estar presa Mora Pino para que le reconocieran sus derechos y los errores de la supuesta inteligencia militar, a la que se le ha denominado en algunos círculos sociales como “falsos positivos militares y jurídicos” contra inocentes.

La operación, así como otras capturas masivas que se dieron en Arauca, Caquetá, Huila y Nariño recordaron las ocurridas en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando cientos de personas fueron capturadas como supuestos guerrilleros y poco tiempo después tuvieron que ser dejadas en libertad porque no había pruebas contra ellas.

La historia de una captura masiva

En rueda de prensa realizada el viernes 15 de junio de 2012, en las instalaciones de la Tercera División, en Popayán, los generales Jorge Hernando Nieto Rojas, Comandante de la Regional N° 4 de Policía; Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, y Jorge Humberto Jerez Cuellar, Comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, entregaron detalles de la operación realizada en los municipios de Toribío, Corinto y Guachené, que tuvo como resultado la captura de 29 personas sindicadas de pertenecer a las FARC.

Falsos positivos jurídicos

“Los detenidos serán procesados por concierto para delinquir agravado con fines terroristas, homicidio y rebelión, pues fueron vinculados a la ejecución de múltiples atentados terroristas, cobro de extorsiones, desplazamiento forzado, administración de cultivos ilícitos e infiltración de comunidades indígenas, en calidad de integrantes de las redes de apoyo del Sexto Frente de las FARC, encabezado por alias “Sargento Pascuas”. Se explicó en esa rueda de prensa que “las capturas fueron el resultado de un trabajo de inteligencia e investigación criminal de cinco meses, realizado por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación”.

En ese momento el comandante de la regional 4 de la Policía Nacional, general Hernando Nieto Rojas, había anunciado que “todavía hay pendientes más de un centenar de procedimientos contra grupos de cooperación a las milicias”.

Las capturas dudosas

El 8 de noviembre de 2011, doce familias salieron desplazadas hacia el casco urbano de Caloto. En los refugios estaban Rafael Ulcué y un hermano cuando llegó el grupo élite de la Policía, del Ejército y de la Dijin y se los llevó sindicados de subversión, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión y secuestro.

La captura de Ulcué sorprendió a la población de Caloto y también a las autoridades locales porque si por algo era conocido este líder indígena era por sus denuncias contra las Farc. Rafael Ulcué era el vocero de las comunidades en un comité creado por orden del Consejo de Estado y coordinado por la Defensoría del Pueblo en respuesta a la tutela interpuesta por las familias de Caloto para hacerle seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares de la Corte. En ese comité, Ulcué se sentaba junto con el Alcalde, el secretario de Gobierno, el Defensor del Pueblo de Cauca, el Personero e incluso miembros del Ejército y la Policía. Y lo que recuerdan personas que estuvieron allí es que Ulcué siempre denunció los abusos de las Farc.

Otros casos

Otra de las capturas cuestionadas por las comunidades fue la de Félix Manuel Banguero, delegado del Consejo Comunitario de Pílamo ante el equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras, PCN. PCN es uno de los principales interlocutores de las comunidades afrocolombianas frente al Gobierno. Banguero estaba trabajando como Secretario de Cultura de Guachené. Lo sindicaron de ser el encargado de la política clandestina, espionaje e inteligencia a la Fuerza Pública para las estructuras que manejaban alias “Rigo” y alias “Pepo” en varias veredas, pero quienes asistieron a la audiencia dijeron que la prueba contra él es una fotografía con la guerrilla tomada hace más de veinte años. Varias instituciones académicas salieron en su defensa. Una de ellas fue el grupo de investigación Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, y el CENSAT que aseguraron que siempre ha hecho parte de los grupos que pelean por las comunidades negras y que siempre ha reclamado justicia para las comunidades afro. Precisamente por ese trabajo, Banguero también tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana.

Ya había ocurrido lo mismo con Mary Soliana Colorado, estudiante de trabajo social de la Universidad del Valle que había sido detenida el 5 de septiembre de 2012 en Villa Rica, al ser sindicada de pertenecer a las FARC, en una acción oficial que en ese momento fue calificada como un “falso positivo jurídico”. En la mañana del primero de agosto de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán tuvo que ordenar su liberación.

El día viernes 14 marzo de 2014 también fueron liberados el exsecretario de gobierno de Guachené, Neisair Ramos Navas y el exsecretario de Cultura, Felix Manuel Banguero, quienes habían sido acusados de pertenecer al sexto frente de las Farc. Ramos y Banguero obtuvieron su libertad por vencimientos en los términos, pues 359 días habían transcurrido desde la formulación de la acusación sin que se hubiera iniciado el juicio oral, situación que obligó a su liberación aunque siguió en pie el proceso hasta que se demuestren responsabilidades o inocencias.

Igualmente, Proclama del Cauca informó que el miércoles 12 febrero de 2014, el exalcalde de Caloto, Faraón Angola Orejuela, fue detenido en el corregimiento de El Bolo, Palmira, Valle del Cauca, en cumplimiento de una orden de captura por presuntos vínculos con las Farc. El exalcalde recuperó su libertad por decisión del Centro de Servicios Judiciales de Juzgados Penales de Santander de Quilichao, según sentencia del 19 de junio de 2015 expedida por el juez primero penal del circuito de Santander de Quilichao, quien decidió revocar la decisión tomada por la juez segunda penal municipal por el presunto delito de rebelión.


Contactos:3114778351
Hernan Durango Patrillau/ Redacción Bogotá

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